A pesar del dramático levantamiento popular de 2014 que obligó al Congreso de Guatemala a derogar la «Ley Monsanto 1.0», en 2025 se aprobó en comisión otro proyecto de ley que sancionaría cualquier infracción de las patentes de plantas con penas de 1 a 4 años de prisión. Podría someterse a votación en el pleno en cualquier momento.
Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo firmó el Acuerdo Ministerial 53-2026, que simplificaría los trámites burocráticos y daría luz verde a la aprobación de cultivos transgénicos a través de un comité técnico de bioseguridad administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), sin representación de los pequeños agricultores ni de los pueblos indígenas, pero con un puesto reservado para las empresas de venta de semillas.
En respuesta a ello, el Bufete para Pueblos Indígenas presentó en mayo de 2026 una moción ante la Corte Constitucional para suspender el acuerdo. Yo los apoyé con una declaración jurada de experto.
Algunas noticias recientes sobre esta amenaza que se está gestando:
- Telesur
- Prensa Comunitaria
- Caricaturista editorial, «El Filochofo»
- Los influencers Alex Petzey y Rosa Sosof: primer video y análisis más detallado
- Conferencia de prensa frente al tribunal y comunicado
- Comunicado de prensa de REDSAG
Aunque el maíz transgénico aún no está autorizado para su cultivo en Guatemala, la REDSAG anunció en la primavera de 2026 que había detectado contaminación transgénica en maíces autóctonos de Petén (que abastece gran parte del mercado urbano de maíz) y Chiquimula (departamento del este, en la frontera con Honduras, donde es endémico el teosinte, el antepasado silvestre del maíz).
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